La Educación Social, tal como la entendemos
ahora, ha tenido un recorrido muy rápido y muy intenso en un periodo breve de
tiempo. Este recorrido lo podemos organizar en tres grandes etapas.
La primera etapa podemos llamarla de introspección y abarcaría desde los años
70 hasta 1991, momento en que apareció el decreto que marcaba el inicio de la
Diplomatura en la universidad. Se trata de una etapa en la que un grupo de personas que desarrollaban actividades educativas fuera de la escuela toman consciencia que las particularidades de su actividad pueden llevar a construir una profesión sólida y diferenciada. Se organizan las primeras asociaciones profesionales y el debate interno para construir la identidad es intenso y fructífero. En paralelo, en la universidad también se está construyendo un discurso alrededor de la pedagogía social y la confluencia de ambos permite finalmente la aparición de la diplomatura.
La segunda etapa, que podemos definir como de obertura, coincide con el inicio de la diplomatura en 1991 y simbólicamente podemos cerrarla alrededor del 2007.
La diplomatura hace visible la Educación
Social y la sitúa entre las distintas profesiones de carácter socioeducativo. La
aparición de las sucesivas promociones de educadores y educadoras sociales
normaliza la presencia de este profesional y públicamente se le empieza a
reconocer. El colectivo profesional se organiza definitivamente mediante la
creación de los primeros colegios profesionales (Barcelona 1996 y Galicia 2001)
y se desarrollan los primeros congresos propios de la profesión que aportan
reflexión y cuerpo conceptual. En paralelo, las elaboraciones teóricas que se
desarrollan desde la universidad contribuyen a dar solidez a su discurso y hace
que la presencia pública de la profesión se consolide.
La fecha elegida para establecer el cambio de etapa coincide con tres hechos relevantes. El primero, la creación del Consejo General de Colegios de Educadores/as Sociales, que aporta una estructura compartida, referente para los profesionales e interlocutor con las administraciones; el segundo, la presentación de los documentos profesionalizadores (definición de Educación Social, código deontológico y catálogo de funciones y competencias), que define los mínimos identitarios compartidos por todas las sensibilidades y tendencias de la profesión, aspecto fundamental para darse a conocer; el tercero, la aparición del decreto que convierte la Educación Social de diplomatura a grado, lo que la convierte en unos estudios de rango similar a todos los demás y permite normalizar la investigación en esta área, lo que facilita que la colaboración entre la universidad y los profesionales aumenta sensiblemente.
Si tenemos en cuenta esta evolución, es conveniente
y razonable que en estos momentos se pida una ley que regule la Educación
Social y que reconozca jurídicamente las características de una actividad que desde
el punto de vista académico y profesional ya está consolidada. De la misma
forma que está regulada la actividad profesional de un maestro/a, o está
definido por ley quien puede trabajar en un hospital o en unos servicios
sociales, es necesario enmarcar jurídicamente la Educación Social como
actividad que responde a la promoción de unos derechos de la ciudadanía.
Conviene una ley que incluya e incorpore todas las sensibilidades y situaciones
particulares de la Educación Social.
Esta ley puede ser un buen instrumento para
hacer frente a los retos actuales de la Educación Social como profesión, pero
también como espacio de estudio, formación e investigación en su voluntad de
contribuir en la mejora de la vida social.
Director de publicaciones de la Facultad de Educación Social y Trabajo Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull
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